Ambos derechos son inherentes a la condición humana y están presentes en la legislación de los estados democráticos. Pero en determinadas ocasiones, estos derechos colisionan, se contraponen y se renueva el debate acerca de cuál es el límite de cada uno.
El problema entonces surge cuando la ley no permite el cumplimiento eficiente de ambos derechos a la vez, privilegiando uno de ellos aplicando una lógica “del mal menor”. Incluso los gobiernos que se preocupan por la protección del derecho del individuo a la vida privada se enfrentan continuamente con dificultades para mantener el equilibrio racional entre este derecho, y el deber del gobierno de proteger a los ciudadanos de toda clase de delito. Si se interpreta al derecho a la intimidad en términos absolutos, dificultaría enormemente el conocimiento de las acciones delictivas, haciendo además imposible el procesamiento de los responsables de estas acciones.
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