Descripción del tema

El 5 de octubre de 2008 un programa de noticias dio a conocer unas grabaciones de audio que pusieron en evidencia una negociación ilícita entre Alberto Quimper (ejecutivo de Perupetro) y Rómulo León (ex- ministro aprista). En esta grabación Quimper y León discuten sobre como verse beneficiados económicamente por favorecer de forma ilegal a la empresa Discover Petroleum de Noruega. A esta empresa se le haría ganar contratos con el Estado Peruano para poder explorar petróleo y gas en bloques submarinos.

Un punto resaltante en este escándalo (que fue llamado “el escándalo de los petroaudios”) es que se vieron implicadas autoridades que trabajaban en ese entonces en el gobierno. Todos estos hechos condujeron a la renuncia del Presidente del consejo de Ministros Jorge del Castillo y el nombramiento de un nuevo gabinete dirigido por Yehude Simon. Otra autoridad involucrada fue Juan Valdivia Romero, Ministro de Energía y Minas, el cual puso su cargo a disposición.

Posteriormente se conocieron las personas que efectuaron las grabaciones. Se trato de cinco hombres, (tres de ellos ex miembros de la Marina de Guerra del Perú), y una mujer. La Fiscalía anunció la detención de estos seis supuestos miembros de una organización criminal dedicada a la interceptación telefónica.

En base a los hechos citados anteriormente, puede afirmarse que gracias a los audios se pudo poner en evidencia los delitos cometidos por importantes autoridades de la política y de los negocios, en perjuicio del Estado. Por otra parte, también queda claro que para la ley peruana las supuestas ventajas del uso de la interceptación telefonía no siempre justifican su uso, esto se debe a que derechos como la intimidad y a la seguridad pueden verse afectados. Entran en escena entonces dos derechos aparentemente contrapuestos: el derecho a la privacidad y a la seguridad, y el derecho a la información. En este sentido, la ley actúa como filtro para que la interceptación telefónica sea un medio eficaz de denuncia y además una herramienta que no altere los derechos privados.

Para darle un mejor trato a este problema hemos visto conveniente dar detalle del marco legal de la interceptación telefónica y de los derechos involucrados.